Si en los últimos días han leído informaciones sobre las actas de ETA levantadas durante sus negociaciones con el Estado no se las crean del todo. Ni al 100% ni al 70% ni, probablemente, al 50%.
La razón es tan sencilla como que esos documentos se han guardado históricamente en dos lugares muy dispares aunque igual de opacos: una mansión del siglo XIX a las afueras de la ciudad suiza de Ginebra, utilizada como sede por el centro Henry Dunant, y los archivos del monasterio de San Ignacio de Loyola de la localidad guipuzcoana de Legazpi. Y de ahí no salen como préstamo, ni se ojean a modo de consulta. Están a buen recaudo. Ni siquiera un Gobierno popular entrante podría tener acceso a ellos en los próximos años. Como tampoco ha podido el Gobierno actual hacer lo mismo con documentos anteriores. De ver la luz, los centros implicados en este tipo de negociaciones perderían todo su prestigio y credibilidad para futuras negociaciones de este tipo.
¿Entonces por qué ahora han visto la luz desde El Mundo y El País unas supuestas actas levantando interpretaciones parecidas, aunque con matices diferentes? Esa pregunta es difícil de explicar. Más aún viendo que según el primero, el Gobierno volvió a reunirse con ETA tres meses después del atentado en Barajas para, supuestamente, intentar reconducir la tregua que saltó por los aires en la T-4, mientras que el segundo reconoce en sus páginas que existieron varios encuentros aunque ninguno de ellos finalizó con una firma a pie de documento alguno.
Las diferencias son sutiles y están basadas en interpretaciones de unos supuestos documentos que fueron incautados a Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', el antiguo número uno de la banda terrorista. Una especie de teléfono escacharrado porque no son las verdaderas actas –es decir, que las anotaciones de Thierry fueron una especie de notas esquemáticas que él hizo durante las intervenciones- y muy probablemente fueron tergiversadas para reportar a la cúpula de la banda una versión interesada de las mismas (tanto por adición como por omisión), como se ha comprobado en otras ocasiones.
Para entenderlo mejor es como si alguien les cuenta una película sobre la II Guerra Mundial que ustedes no han podido ver y, además, se afana en desprestigiarla porque, a su juicio, ninguna superará 'la lista de Schindler'. Pues eso, que del guión original a la versión habrá un trecho.
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En cualquier caso, y a pesar de tener que ponerlas en cuarentena, su valía es máxima –y del éxito informativo de El Mundo y El País ya ni hablemos- porque ETA es la única parte implicada que hace públicas parte de ellas y tampoco es fácil acceder a las mismas. Y una vez expuestas y pasadas por el debido tamiz, el razonamiento de los acontecimientos es sencillo. Que el PP se haya lanzado en tromba contra el Gobierno se entiende, porque ya en 2007 solicitó en vano en el Congreso que el Gobierno las hiciera públicas temiéndose supuestas cesiones. De hecho la frase que empleó Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación de aquel año fue la siguiente: "El Gobierno debe poner a disposición de la Cámara de forma inmediata las actas de las reuniones mantenidas en el marco del proceso para paliar la falta de crédito que le ha costado este asunto".
Pero por si esto fuera poco estas actas ponen contra las cuerdas al propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el único socialista que le hace sombra a Rajoy en las encuestas.
Por si la ya almacenada fuera poca, el PP sigue armándose de artillería para volver a Moncloa.
