¿Qué es y para qué serviría? El objetivo sería agrupar los activos tóxicos en una sola entidad.
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| Banco de España |
Fuente: 20minutos
Esta opción tiene tantos defensores como detractores, tal y como indican desde Consumer. Para unos sería la solución para que la banca volviera a dar créditos a las familias y, según otros, constituiría un error, como ya se ha demostrado en otros países.
Por lo general, observamos que los balances de muchas entidades parecen estar muy saneados, pero a la vez, se asegura que estas entidades tienen problemas, necesitan recapitalizarse. Esto, aunque parezca una contradicción, ocurre porque en la contabilidad de los bancos aparecen, por una parte los beneficios, y por otra, las pérdidas, o sus ingresos y sus gastos, el debe y el haber. El problema surge con la valoración que se da a ciertos activos cuyo valor es incierto o, al menos, inferior al que marca la entidad en su contabilidad. Son los denominados activos tóxicos, constituidos en su mayor parte por inmuebles, suelo y créditos concedidos a personas y empresas, que no se devolverán. Estos suelen aparecer sobrevalorados en la contabilidad de las entidades. Si un banco prestó dinero a un usuario para que comprara una vivienda en el año 2006 y se la tasó en 200.000 euros. El hipotecado no pudo pagar y la entidad se quedó con la casa. En la contabilidad del establecimiento financiero, la vivienda figura como beneficio con valor de 200.000 euros, pero en realidad ese inmueble puede valer hoy en día 100.000 euros, así que la cantidad que se puede ganar con él no es la que figura en el balance. Pero mientras el banco no venda el piso, tendrá el supuesto beneficio de 200.000 euros. Lo mismo sucede con otros créditos que el banco nunca recuperará porque la empresa que los recibió ha quebrado. Estos activos figuran como beneficios, dinero que el banco cobrará, cuando en realidad son pérdidas, ya que no lo recuperará o, si lo hace, será en un pequeño porcentaje.
El banco malo se haría cargo de los activos tóxicos de estas entidades. Este podría estar constituido por por una o más instituciones públicas que gestionarían estos títulos de dudoso cobro y las viviendas a las que el banco no ha podido dar salida. Una de las cuestiones es cómo se valorarían los activos que se queda el banco malo. Es casi impensable que esta institución pública les dé el valor contable, el que la entidad de crédito dice que tienen. Pero tampoco tendrán el valor de mercado porque, en algunos casos, los activos no valdrían apenas nada, sobre todo si es suelo, que se ha devaluado mucho. En otros países se ha tomado el valor inicial, el que figura en los balances de los bancos, y se le ha aplicado un descuento. El peligro es que en este proceso, al reconocer las pérdidas, las entidades se queden descapitalizadas y el Estado tenga que rescatarlas. Se crearían así bancos zombis, es decir que solo sobreviven gracias a las ayudas públicas que reciben.
Según los defensores del banco malo, este:
- Permitiría que las entidades no tuvieran que emplear sus esfuerzos en la venta de inmuebles, dejarían de tener un lastre en su contabilidad y, de este modo, volvería a circular el crédito hacia las empresas y las familias.
- La imagen exterior que tendrían los establecimientos financieros españoles mejoraría y, con ella, su solvencia y sus beneficios.
Sus detractores aducen otras razones para negarse a su creación:
- No hay que pagar con dinero público la mala gestión que han llevado a cabo las empresas privadas, que además han desestabilizado el sistema financiero.
- Los contribuyentes no deben hacerse cargo de las pérdidas de bancos y cajas de ahorro, sobre todo cuando estas han entregado a sus directivos elevadísimas indemnizaciones al dejar la entidad. Sería socializar las pérdidas y dejar que los bancos solo disfrutaran de las ganancias.
- Los ciudadanos se verían doblemente perjudicados: por la falta de crédito que han experimentado -muchos se han quedado incluso sin vivienda- y por salvar ahora con sus impuestos a estas entidades.
- Quedarse con los activos tóxicos de bancos y cajas tampoco garantiza que las empresas y las familias disfruten de nuevo de créditos, como ya ha ocurrido durante los últimos años tras el apoyo recibido con dinero público.
