Juez y abogado, contra Garzón. La Fiscalía en cambio piensa que no violó el derecho de defensa.
JAVIER ÁLVAREZ 18-04-2011-C.SEREl juez que ha sentado en el banquillo a Garzón comparte actividad docente con uno de los abogados del caso que denunció al magistrado de la Audiencia Nacional por prevaricación
Alberto Jorge Barreiro, magistrado del Tribunal Supremo, es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante varios años ha trabajado bajo la supervisión del departamento que ha dirigido Gonzalo Rodríguez Mourullo, abogado del presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo.
En el departamento de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid coinciden el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, como profesor asociado y los catedráticos Gonzalo Rodríguez Mourullo y Miguel Bajo, que son al mismo tiempo abogados de imputados en la trama Gürtel y el primero acusador particular en nombre de Pablo Crespo en el caso de las escuchas a abogados en prisión.
Jorge Barreiro es el magistrado que ha sentado al juez Garzón en el banquillo por este asunto. Su trabajo en la UAM como profesor asociado cuenta con el permiso preceptivo del CGPJ y coincide con la labor docente que también desempeña en esa misma universidad el catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo, quien desde hace dos años es profesor emérito y defiende a Pablo Crespo.
En ese mismo departamento, Barreiro coincide con otro catedrático de Penal, Miguel Bajo, que es abogado del ex senador y ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
La Fiscalía cree que Garzón no violó el derecho de defensa con las escuchas
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la absolución del juez Baltasar Garzón en el caso que se sigue contra el magistrado por ordenar las escuchas de las conversaciones en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, al entender que el juez dejó a salvo el "derecho de defensa".
La fiscal mantiene que los letrados cuyas conversaciones fueron grabadas "conocieron tal circunstancia" y que la orden de realizar las escuchas se llevó a cabo "previniendo el derecho de defensa"
En el escrito de conclusiones remitido a la sala de lo penal del Supremo que debe juzgar al magistrado, la fiscal Pilar Fernández-Valcarce mantiene que los letrados cuyas conversaciones fueron grabadas "conocieron tal circunstancia" y que la orden de realizar las escuchas se llevó a cabo "previniendo el derecho de defensa".
Según la Fiscalía, tampoco consta acreditado que el contenido de aquellas grabaciones fuera utilizado por Garzón para "dirigir o variar" la investigación sobre la trama de corrupción, liderada por los dos reclusos a quienes se les intervinieron las comunicaciones, Francisco Correa y Pablo Crespo.
La fiscal recuerda además que el lápiz de memoria a que se refieren los investigados en una de las conversaciones grabadas y que aportaba valiosa información sobre la estructura y los pagos de la red, fue intervenido con anterioridad a las escuchas.
