Mercè Rivas
Pues no lo sé, pero le aseguro que lo tratan como si lo fuese. A usted, a mí y a nuestro primo de Bujarillos del Condado. A todos. El PP insiste una y mil veces que sólo hay una contabilidad legal en el partido. Pues claro, legal hay una, las otras son ilegales. Esperancita quiere limpiar el partido “con sinceridad”. Sí, sí la misma Esperancita que vio crecer en los faldones de su mesa camilla a la trama Gürtel madrileña. ¿Recuerdan a López Viejo?
Pedro J Ramírez, periodista que jugaba al paddle con Aznar y que toma el té con Esperancita nos quiere hacer creer que no planificó estratégicamente la publicación de “Cuatro horas con Bárcenas”. Tenía la entrevista, la guardó, esperó a que su entrevistado entrase en Soto del Real y después… ¡zas! lo publicó. Con un poco de suerte igual sube la tirada de su periódico.
La intervención General del Estado y la Agencia Tributaria, dependientes del Ministerio de Hacienda, presentarán ante el Juez Ruz un informe que acredita la contabilidad B del PP. Y los dirigentes de este partido mirando hacia otro lado… ¿piensan seguir mintiéndonos?
Gallardón dice que respeta a los jueces, no como otros… ¿por quién lo dice? ¿Por Garzón, por las fiscales del caso Gürtel, por el acoso realizado al juez que encarceló a Blesa? Quién lo sabe… El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, considera que la posible sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que podría enfrentarse el juez Elpidio José Silva por dos faltas muy graves y otra grave, pero ninguna relacionada con el ‘caso Blesa’, es “la crónica de una inhabilitación anunciada”, publicaba esta semana eldiario.es.
Mientras tanto el magistrado Elpidio José Silva escribió el martes en su cuenta de Twitter: “¿Si los imputados eligen a sus jueces qué nos queda?”. Ahí queda eso…
La Junta de Andalucía está dispuesta a pagar a los abogados de los funcionarios y políticos vinculados a los ERE. Pero, ¿qué vergüenza es esa? Que se pague cada uno a su letrado. A los que presuntamente han puesto la mano que les defiende un presunto abogado particular.
Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSOE de Vizcaya condenado por el secuestro de Segundo Marey en 1983 por los GAL, cobró por prestar servicios a un asesor del presidente del PP, José M Aznar en 1994, año en el que fichó como estrella de la campaña electoral de dicho partido.
Ahora es un titular de periódico, en su día algunas personas no lo dudamos. Eran los años en que cualquier trapicheo valía para hacer caer a Felipe Gonzalez. Por eso mientras los Gal estaban activos el PP miraba a La Meca, cuando el Gobierno comenzó a ser sospechoso cualquier fichaje era bueno… incluso si había sido condenado.
Tan solo 48 días después de entrar en prisión el Departamento de Justicia de la Generalitat ha otorgado el tercer grado penitenciario a los expresidentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Enric Roig y Antoni Herce, que fueron condenados a cuatro años y medio de prisión cada uno por malversar 2,7 millones de euros de las arcas públicas. ¿Les ha salido barato, no?
Y pensando en las protestas otoñales, el Ministerio de Interior ha comprado 7.000 artificios triples fumígenos (ATF), una munición que se dispara y crea nubes de humo, para el Cuerpo Nacional de Policía. En total, el coste es de casi 200.000 euros… ¿200 mil euros?
¿Qué harían con ese dinero los bancos de alimentos o los comedores escolares para esos niños de “la Marca España” que no pueden hacer dos comidas al día? Efectivamente, se creen que somos idiotas. Algún día les podremos demostrar que no es así.
