Cuando una crisis de enorme calado asola a un país, los ciudadanos miran habitualmente a sus representantes políticos con mayor interés que nunca, pendientes de que estos les ofrezcan soluciones o, al menos, planteen medidas que alivien los efectos devastadores que, según qué circunstancias, pueden darse en la sociedad.
En esta tesitura se apela, habitualmente, al denominado como ''sentido de Estado''. Dejar a un lado las rencillas ideológicas que separan a los distintos partidos para centrarse en dotar al país de políticas que ayuden a salir del peligroso atolladero que ha provocado la expansión del coronavirus es algo que, hoy por hoy, se demanda por parte de la ciudadanía en distintos foros, tanto en la calle, como en las redes sociales, por ejemplo.
La COVID-19 ha provocado una emergencia sanitaria en España y ha enfrentado a los principales partidos del Congreso de los Diputados en disputas verbales que exasperan a la ciudadanía. Las consecuencias de la propagación del covid se comienzan a atisbar y, una vez más, serán los trabajadores, los empresarios y los autónomos los que tendrán que hacer frente al mayor desgaste económico y psicológico con una situación absoluta de incertidumbre en el horizonte.
Sin embargo, pese a la falta de acuerdos globales entre los políticos nacionales, los cinco partidos representados en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca han logrado suscribir un acuerdo histórico que, según algunos de los firmantes, no tiene comparación posible en el Consistorio salmantino, si acaso al inicio de los años 80 cuando Jesús Málaga gobernaba, por parte del PSOE, y el partido de gobierno alcanzó acuerdos con la UCD.
Historia en un momento clave para una capital cuya economía está íntimamente ligada a dos de los sectores más azotados por la crisis del coronavirus: el turismo y la hostelería. El alcalde de Salamanca, Carlos Carbayo (PP); el líder de la oposición, José Luis Mateos (PSOE); la teniente de alcalde, Ana Suárez (Ciudadanos); y las dos ediles del Grupo Mixto, Virginia Carrera por parte de Izquierda Unida, y Carmen Díez por parte de Unidas Podemos, presentaron el acuerdo este viernes en el Salón de Recepciones. Acto ceremonioso, con rúbricas del propio documento en el momento, y con fotografías para el recuerdo. Pero, ¿cómo se gestó el acuerdo?
La Cadena SER ha conversado con algunos de los participantes en las negociaciones de este acuerdo que, además, ha logrado unir a todas las izquierdas y las derechas del Consistorio, y también a los agentes económicos y sociales de Salamanca, como sindicatos y organizaciones representantes de los empresarios. Otras organizaciones dedicadas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como Cáritas, también han participado en esta unión nunca antes conocida.
Lo primero a lo que aluden algunos de los participantes en este proceso es el hermetismo absoluto con el que se han llevado las negociaciones. Todo comenzó el pasado 3 de abril cuando, en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca, el Partido Socialista propuso un acuerdo común para hacer frente a las consecuencias derivadas de la COVID-19. A partir de ese momento, se comenzó a trabajar. Durante casi dos meses ha habido ‘’llamadas todos los días, incluyendo fines de semana’’, explican fuentes del gran pacto a la SER. La sintonía que ha habido entre el PP y el PSOE, por ejemplo, ha sido absoluta. Se han llevado a cabo análisis pormenorizados del presupuesto previsto para este 2020 en Salamanca -que contaba solo con el apoyo de la coalición de gobierno del PP y de Ciudadanos-.
En este sentido, lo que se ha buscado ha sido saber si era posible priorizar algunas medidas sobre otras, para favorecer a los ciudadanos con menos recursos. Se han celebrado múltiples reuniones tanto de manera presencial como telemáticamente y, en este sentido, los portavoces de los partidos han sido fundamentales. Y según las distintas fuentes con las que ha conversado la Cadena SER, por parte del Partido Popular aluden a un hombre: Fernando Rodríguez, portavoz del Grupo municipal Popular y concejal de Hacienda.
Rodríguez es sempiterno. Ha trabajado con los tres últimos alcaldes de Salamanca, Julián Lanzarote, Alfonso Fernández Mañueco (actual presidente de la Junta de Castilla y León), y con Carlos Carbayo. Él ha sido quien ha llevado el peso por parte del equipo de Gobierno para cuadrar las distintas propuestas llegadas desde los partidos políticos de la oposición. Buen tono por las distintas partes, mucho diálogo y, sobre todo… mucha política.
El equipo de Gobierno no ha cuestionado apenas las propuestas llegadas desde sus compañeros de corporación, y no ha habido 'noes'; en cambio, la 'flexibilidad'' sí ha sido un término muy empleado en las negociaciones. Se le ha dado la oportunidad al PSOE, Izquierda Unida y Unidas Podemos (la oposición en Salamanca) de que plantearan sus medidas para ayudar a dibujar un nuevo futuro para Salamanca tras la explosión del covid.
En medio de este clima agradable, la sensación entre los conocedores de la intrahistoria del gran acuerdo de ciudad, contactados por esta emisora, coinciden en valorar positivamente la experiencia: ‘’hemos disfrutado, pese a la situación’’, se atreven a indicar algunos.
Las medidas son variadas y tratan de llegar a todos los sectores. El acuerdo se selló primero con el primer partido de la oposición, el PSOE, y después con Izquierda Unida y Unidas Podemos, el Grupo Mixto.
Según las cifras oficiales aportadas por el Consistorio a los medios de comunicación, en el gran pacto de ciudad se recogen 33 medidas que suponen una inversión de más de 28,2 millones de euros, a los que hay que añadir los 40 millones de euros previstos en los presupuestos en materia de inversión.
Las izquierdas y las derechas han sellado un pacto del que buena parte de los más de 140.000 habitantes de Salamanca se siente orgullosos. Han hecho política. Con los sectores sociales y económicos incluidos. Que en España se puede pactar, es posible. Salamanca es el ejemplo.
